Los tiempos y las deudas.

En diciembre de 2015 se creó la Secretaría de Cultura Federal, con este paso se le daba continuidad, un poco tardía, al mandato Constitucional establecido desde el 30 de abril de 2009, cuando la cultura se volvió un derecho para todas las personas. Pasaron cerca de seis años para que se le otorgara un órgano con las facultades de hacer cumplir dicha prerrogativa, pero faltaba la normativa general y específica. La Ley general de Cultura y Derechos Culturales, que ordenaba y daba forma a las funciones de la Secretaría de Cultura apareció en 2017, y su reglamento el 30 de noviembre de 2018. Es decir que el proceso de darle un marco legal al derecho otorgado duró poco más de nueve años, sin contar lo que tardarán las entidades federativas en implementar los cambios y ajustes en sus legislaciones locales.

Si bien es cierto que existe un avance al dejar de ser un sub sector del área de la Educación Pública también lo es el hecho de que no se le ha dado la categoría debida.

Tal es la importancia que tiene el campo de la Cultura en México, sector que en 2017 aportó el 3.2% del PIB, (según datos de la cuenta satélite de cultura del INEGI), ingresos de cuantía respetable, luego entonces tendría que pensarse que debe haber un marco legal y administrativo adecuado para el desarrollo de las actividades, la infraestructura y el crecimiento del sector. Pero no es así.

Por otro lado está la mención explicita de que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, y hasta ahora el estado no ha sabido como proveerlos de manera cabal, dando palos de ciego, e incluso sugiriendo el uso de vales para hacer efectivo tal derecho. Una “política pública” en palabras de la ex Secretaria de Cultura María Cristina García Zepeda, y cuya implementación (por extrañas circunstancias) está incluida en el artículo 8 de la Ley, que a la letra, dice:

“La Secretaría de Cultura coordinará y promoverá el programa de asignación de vales de Cultura con la participación del sector social y privado, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, para incrementar el acceso a la cultura de los sectores vulnerables.”
Artículo que deja mucho que desear por su naturaleza específica y de simple resolución, más cercana al contenido de un programa o un proyecto. Tal parece que la prisa o el desconocimiento de una buena parte de los Tratados Internacionales que México ha firmado en materia de Cultura desde 1982 se hubieran perdido en el tiempo en el que el estado Mexicano se ha decidido por fin a darle un marco jurídico más o menos funcional.
Y es más o menos funcional porque en la actual administración continúan los resquicios y sedimentos de los anteriores paradigmas políticos en materia de cultura: el INBAL, el FONCA y los Organismos complementarios y auxiliares que desde hace varios sexenios subsisten.
El mapa legal y administrativo de la cultura en México sufre un rezago evidente frente a los cambios que el mundo ha experimentado: nuevas tecnologías, movilidad cada vez más frecuente, la constante aparición y desarrollo de nuevos lenguajes, y una ciudadanía cultural con serios problemas de equilibrio entre oferta y demanda.
La respuesta en estos años ha sido la implementación de parches legales o administrativos, programas improvisados y modelos, como el de Industria creativa, sin siquiera analizar la pertinencia de su implementación, y sin respetar las características del campo de aplicación y a sus beneficiarios directos o indirectos.
En resumen, el estado mexicano no ha tenido una visión sistémica de la cultura y las artes, menospreciando la importancia implícita y explícita que el sector tiene a muchos niveles.
La ley dista mucho de ser un ordenamiento general, es decir, no parece una ley que emane directamente de la Constitución, pues su contenido y aplicación debería integrar diversos aspectos del orden público, es decir, poseer una transversalidad capaz de incidir, o tocar tangencialmente otros rubros o campos legales y constitucionales respetando la competencia y soberanía de los órganos encargados, así como los ordenamientos correspondientes, un buen ejemplo de ley general es la del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) un auténtico eje rector de la política ambiental ya que contiene herramientas y contenidos, que sin invadir otras esferas, influye en diversas actividades productivas a fin de conservar y preservar el equilibrio ecológico.
La ley general de cultura y derechos culturales no alcanza a tener esa visión de transversalidad que tienen la cultura y las artes en un país como el nuestro, de una pluriculturalidad viva y por lo mismo en constante desarrollo.
Con la llegada de la nueva administración las cosas no van mejor, se integra el concepto de cultura comunitaria con el fin de tratar de reparar el tejido social dañado por más de treinta años de políticas económicas lesivas, la violencia del narcotráfico y la delincuencia organizada, además de un pobre e ineficiente panorama educativo. Pero la intención parece ser más fuerte que las evidencias de construcción de una auténtica cultura comunitaria, pues el programa sigue siendo vertical, sin tomar en cuenta a la sociedad. Un parche más, destinado, tal vez, a sumarse a los demás sedimentos heredados de sexenios anteriores.
La administración pública de la cultura, sus políticas públicas, sus agentes de implementación necesitan ser renovados, es cierto, y tal renovación debería ser tan radical que órganos como el INBAL y el FONCA cambiaran sustancialmente y de plano, o desaparecieran para dar paso a estructuras más eficaces, así como la redistribución de los recursos de todo tipo, en general se hace necesaria una visión sistémica:

  1. Que diagnostique el papel de la cultura en México en diversos aspectos, desde el de construcción de colectividad y de individuo, hasta el económico, sus puntos de contacto e interdependencia, privilegiando la visión transversal como eje de articulación general con otros rubros y aspectos de interés nacional, por ejemplo: los aspectos fiscales, de desarrollo sustentable, ciencia y tecnología, entre otros.
  2. Una vez realizado el diagnóstico se haga una revisión de los recursos, herramientas e instrumentos existentes, sus funciones, áreas de influencia y de interés.
  3. Se realicen los ajustes necesarios, incluso reformas constitucionales al artículo 4, y las reformas correspondientes a la ley y al reglamento en la materia, a fin de habilitar los cambios, reformas y ajustes al marco administrativo y la infraestructura del sector.
  4. Que la implementación sea sistémico-sistemática, es decir, que los agentes, los elementos, recursos y factores tengan rutas y vínculos bien definidos con el fin de que unos puedan provocar resultados y consecuencias directas e indirectas en los otros.

Una visión tibia, conservadora, y cuidadosa de los tiempos electorales poco ayuda al desarrollo de la Cultura en nuestro país, la improvisación, explícita o disimulada no sirve, ni ha servido de mucho a una sociedad cuya ciudadanía cultural dista mucho de compartir el proyecto oficial de cultura.

Teófilo Guerrero.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

es_MXSpanish
es_MXSpanish